Viernes 11 de 2011
El Representante a la Cámara Augusto Posada, (@Augusto_Posada), radicó el pasado jueves 10 de noviembre el Proyecto de ley N°138 por medio del cual se pretende, evitar los abusos en los cobros realizados por las sociedades de gestión colectiva como Sayco y Acinpro, en negocios cuya actividad principal no es la explotación de la música.
La ley 23 de 1982 en sus artículos 158 a 164 consagra la regulación y cobro de derechos de autor en la ejecución pública en obras musicales, que se realicen por cualquier medio en teatros, cines, salas de concierto o baile, bares, clubes, estadios, circos, restaurantes, hoteles, establecimientos comerciales, bancarios e industriales, es decir donde se interpreten o ejecuten obras musicales o se transmitan, por radio y televisión, sea con la participación de artistas, por procesos mecánicos, electrónicos, sonoros o audiovisuales.
El Representante a la Cámara Augusto Posada, (@Augusto_Posada), radicó el pasado jueves 10 de noviembre el Proyecto de ley N°138 por medio del cual se pretende, evitar los abusos en los cobros realizados por las sociedades de gestión colectiva como Sayco y Acinpro, en negocios cuya actividad principal no es la explotación de la música.
La ley 23 de 1982 en sus artículos 158 a 164 consagra la regulación y cobro de derechos de autor en la ejecución pública en obras musicales, que se realicen por cualquier medio en teatros, cines, salas de concierto o baile, bares, clubes, estadios, circos, restaurantes, hoteles, establecimientos comerciales, bancarios e industriales, es decir donde se interpreten o ejecuten obras musicales o se transmitan, por radio y televisión, sea con la participación de artistas, por procesos mecánicos, electrónicos, sonoros o audiovisuales.
Con el presente proyecto de reforma a algunos de los mencionados artículos de esta ley se busca, que cierto tipo de establecimientos comerciales, bien sea que actúen como personas naturales o jurídicas puedan reproducir obras musicales siempre y cuando no ejerzan una actividad principal que genere beneficio por la reproducción de la obra musical, igualmente se busca que además de los establecimientos educativos, los culturales no sean considerados como de ejecución pública, siempre y cuando cumpla los requisitos que se determinan.
Cada día nos damos cuenta, que las diferentes organizaciones de gestión colectiva atacan a los establecimientos de comercio que no ejercen su actividad principal con la ejecución pública de las obras musicales, es decir estos comerciantes o pequeños tenderos que con gran esfuerzo generan empleo, que ponen música para generar ambientes propicios de trabajo, o que crean espacios amenos para sus clientes, sin lucro alguno por la música que ponen, porque su actividad principal es otra diferente a la reproducción, les corresponde pagar DERECHOS DE AUTOR, por eso encontramos casos en Colombia bastante insólitos, entre otros como:
En Pereira, las amenazas a una carnicería, por negarse a cancelar los derechos de autor por la música que se escucha cuando este trabaja.
En Duitama, cuando el Instituto de Cultura de Bellas Artes del municipio, Culturama, que organizó un concierto sin buscar utilidad económica, se le exigió pago por dicho evento.
Lo sucedido por la Asociación Comunal de Duitama, les cobraron cuando fueron a realizar un bazar en la vereda San Antonio Norte.
En Tolima, cuando La Vieja Enramada, dio una serenata a las secretarias, y al día siguiente les llegara una cuenta de cobro por la realización del homenaje.
En Medellín, la realización del concierto de Juanes en años anteriores, organizado por el Municipio de Medellín, y de forma gratuita para los habitantes de la ciudad tuvo la intervención de estas entidades para el cobro.
Con estos ejemplos y muchos más, nos damos cuenta que cualquier establecimiento de comercio donde su actividad principal no es la música, o los diferentes entidades sin ánimo de lucro coloquen una grabadora y pongan música deben cancelar DERECHOS DE AUTOR.
Por lo anterior, nos vemos en la necesidad de modificar la presente ley, donde realmente el que pague debe ser el beneficiado por la ejecución pública de la música, y no el pequeño comerciante o tendero, que su ingreso no es por la reproducción musical.
Igualmente buscamos ampliar el ámbito consagrado en el artículo 164, para que se puedan realizar eventos que no se consideren de ejecución pública, tanto a nivel de entidades educativas como culturales, siempre y cuando sean organizados por estos, organización sin ánimo de lucro o entidades públicas, sin cobro alguno.
Es decir, pretendemos que una tienda de barrio o un negocio pequeño, que no tiene la música como actividad comercial principal, fuera sometida por Sayco a cobro de recaudo de los derechos de autor.
Fuente: http://www.augustoposada.com/index.php/articulos-de-interes/se-radica-proyecto-de-ley-que-regula-los-cobros-realizados-por-sayco.php
