lunes, 12 de abril de 2010




  • OPINION
Otra especie de extorsión
Viernes, 9 Abril 2010
opinion
¿Ha oído Usted hablar de Sayco y Acinpro en Colombia? Dos entidades creadas con el supuesto fin de beneficiar a los autores y compositores colombianos y a generarles, entre otras cosas, protección en salud, auxilio de urgencia doméstica (reparaciones de vivienda, pago de servicios públicos, medicamentos, arrendamientos, mercados, etc.), seguros de vida, pólizas funerarias, atención médica domiciliaria para los afiliados mayores de 65 años, y celebración de convenios con entidades educativas para la obtención de becas o descuentos en programas de capacitación para el afiliado y su grupo familiar.
Pues todo esto en el papel parece una maravilla, pero de ahí a que sea una realidad, hay un trecho muy grande. A diario vemos cómo mueren en la inopia nuestros músicos y hemos sido testigos de grandes cruzadas adelantadas por cantantes que viven de ese oficio, para socorrer con el entierro a sus propios colegas. Igualmente, vemos grandes autores despedidos con honrosas menciones póstumas en los medios de comunicación, pero que han tenido que soportar grandes penurias por el abandono en que se encontraban el día de su muerte.
La nueva “Organización Sayco-Acinpro”, que se constituyó para poder convertirse en recaudador de un nuevo impuesto, no contenta con efectuar cobros impositivos que no cuentan con parámetros claramente establecidos, ni con un sustento legalmente claro, amenaza con el cierre de los establecimientos que viven de la música (bares, discotecas, cantinas, griles, cabarets, tabernas, etc.) cuando carecen de la autoridad para ello; y en muchos casos al momento de pagar para evitar el supuesto cierre, se detecta una gran desorganización, pues el funcionario recibe el dinero e inmediatamente expide un papel en el que consta que puede funcionar, pero no expide recibo, factura o documento oficial que genere la confianza de que ese dinero va a parar a unas arcas seguras.
El pago por concepto de derechos de autor está reglamentado por la ley que le da facultad a las organizaciones que se constituyan para tal fin, llegar a una concertación con el comerciante para que la primera emita una oferta comercial que deberá contar con la aprobación del segundo y establecer así una cuantía determinada bajo unas reglas claras. Pero aquí no existe esto; aquí las mencionadas entidades se han constituido en dictadoras que se arrogan el derecho de cobrar un dinero en forma unilateral, sin atender a ningún parámetro, y a efectuar cobros jurídicos sin tener sustento para ello.
Y sumado a todas estas arbitrariedades, les ha dado por atacar a establecimientos de comercio que nada tiene que ver con la música y les exigen que sean los propios comerciantes quienes manifiesten bajo la gravedad de juramento que en sus establecimientos no utilizan música por ningún medio, diligenciando un formato que tiene un valor de $3.700. ¡Es el colmo! De manera pues que el tendero, el que vende ropa, el distribuidor de calzado, el papelero, y en general todos los comerciantes, tienen hoy la obligación de demostrarles a unas entidades privadas, oscuras e inmensamente ricas, que no se encuentran cobijados por la ley y que por ende no tienen que pagarles ese nuevo tributo atropellante. ¡No faltaba más!
Harto tenemos con el atropello que se comete con los propios autores y compositores que tienen que pagar para interpretar su música, como para tolerar que día a día se graven más y más actividades al capricho de unos individuos que se creen con el derecho de fijar tributos y los hacen exigibles mediante la coacción y la extorsión. Tanto los comerciantes regulares que no tienen vínculos con la música, como los que viven de ella en sus establecimientos, deberían unirse para acabar de una vez por todas con estas imposiciones ilegales, desordenadas e injustas. Los primeros para que no sigan siendo extorsionados por organizaciones dictatoriales; y los segundos para que se les aclare exactamente cuáles son los parámetros para el cobro.
Adicionalmente, esas organizaciones están en la obligación de publicar sus estados financieros y de contarles a quienes se han visto obligados a pagar esta nueva especie de impuesto, cuánto dinero reciben anualmente, en qué se lo gastan y quiénes específicamente se benefician de él, en lo posible con nombre propio para que sean unos informes verificables. Y de volverse transparentes, pues en las cuantías que les ha dado por gravar a los pobres comerciantes que sumisamente pagan sin chistar, el dinero que recaudan es multimillonario y los beneficios son minúsculos, si es que pueden llegar a demostrar alguno. Y algo más: no es cierto que el no pago a estas organizaciones produzca el cierre inmediato de los establecimientos, como tampoco lo es que sean éstas las únicas autorizadas para cobrarlos. Los derechos de autor pueden conciliarse con otras entidades que se agrupan legalmente para su protección, y el no ceder a esta especie de extorsión que hoy se presenta por Sayco y Acinpro, más que una contravención, es un acto de defensa comercial.